Tribunal de Cabo Verde autorizó la extradición de Alex Saab
Venezuela aseveró también que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde.
El Tribunal de Cabo Verde confirmó este martes la constitucionalidad del proceso seguido contra Alex Saab, acusado de ser un presunto testaferro del gobernante Nicolás Maduro.
La decisión tiene 194 páginas y derrumba los argumentos presentados por la defensa del empresario colombiano que había apelado el proceso de extradición a Estados Unidos. La información fue publicada por el periodista de investigación Roberto Deniz en su cuenta de Twitter.
La defensa de Saab presentó el 19 de agosto una serie de denuncias contra tres jueces y contra el fiscal general del país africano por violar sus derechos en múltiples ocasiones. Saab denunció ante el Consejo Superior de la Magistratura de Cabo Verde a tres magistrados del Tribunal de Apelación de Barlavento por cometer «numerosos errores procesales» que llevaron a la aprobación de la petición de extradición de Estados Unidos contra el empresario, según la defensa.
Con la decisión tomada este martes se abre la puerta para la extradición de Saab a Estados Unidos. «Esta decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde confirma que el proceso iniciado en el Tribunal de Relaciones de Barlavento y el Supremo Tribunal de Justicia, así como las decisiones de ambos organismos han sido legales y constitucionales», escribió Deniz.
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, en cumplimiento de una petición de Estados Unidos a través de Interpol, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.
Tras su detención, Venezuela aseveró también que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados argumentan que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».
Saab, de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecio al gobierno de Maduro. Según el Gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con «cientos de millones de dólares».
Con información de El Pitazo.
