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Trabajadores de la administración pública cobran tres dólares al mes

Los trabajadores de la administración pública, cobran apenas un paupérrimo salario de tres dólares, lo que empuja a miles de empleados a dejar sus puestos y engrosar las filas de la informalidad laboral.

La Administración pública de Venezuela es una enorme maquinaria averiada. Pasillos desolados, oficinas cerradas, trámites congelados, servicios inoperantes. La caída del poder adquisitivo del bolívar ha convertido a los empleados públicos en una clase condenada a la pobreza, en algunos casos extrema. Los salarios que percibe este sector —alrededor de dos millones de personas, tras años de migración y renuncias— son un reflejo del fracaso del modelo de gestión económica impulsado primero por Hugo Chávez y después por Nicolás Maduro. La pandemia ha acelerado el éxodo de funcionarios no solo del país sino a otros sectores de la economía o simplemente a la inactividad, pues a muchos se les va todo el salario mensual en el transporte para llegar a sus sitios de trabajo. La población activa empleada en un sector formal no alcanza el 60%.

Un ingeniero civil de alguna de las alcaldías de Caracas llega a percibir más de tres dólares al mes. En los últimos 10 años David González ha visto cómo su lugar de trabajo se ha quedado sin personal. “Éramos 13 profesionales y solo quedan tres, y los cargos gerenciales los han asumido los menos calificados. Solo van los que pueden llegar a pie y trabajan medio día”, dice González, de 42 años. Desde que comenzó la pandemia no ha vuelto a la oficina. Sus ingresos no le permiten pagar el traslado. Ha intentado el teletrabajo cuando le presionan desde la alcaldía, pero empezó a trabajar a destajo con una empresa. En su cuenta bancaria recibe su salario y a veces bonos que no sabe a qué corresponden que no le permiten cubrir ni siquiera la comida de una semana. Esos subsidios también son parte de la nómina de los funcionarios y consisten básicamente en las bolsas de productos básicos repartidas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

De los años de boyantes ingresos petroleros y del crecimiento exorbitante de la nómina del Estado, a punta de las expropiaciones que impulsó el expresidente Chávez, queda poco. Pero en esos tiempos se sembró esta debacle. Antonio Suárez, presidente de la Federación de Empleados Públicos, lo recuerda así: “En 2008 cambiaron la escala salarial y agruparon al personal administrativo y profesional en tres solo tres tipos, en vez de compensarlo en función de su experticia. Entonces lo protestamos, dijimos que era una medida contra la carrera administrativa”, señala. “Así es como la diferencia entre un bachiller [de categoría] 1 es que gana sueldo mínimo (1.200.000 bolívares, menos de un dólar en la tasa de cambio oficial) y un profesional tres con estudios posgrados gana 3.000.000 bolívares (1,6 dólares)”. Otro hito fue la reconversión monetaria ordenada por Nicolás Maduro en 2018. “Los salarios se volvieron nada y los contratos colectivos se desconocieron totalmente”.

Así como los usuarios de los servicios públicos estatales hace años no reciben facturas por su consumo, como un signo de la inoperancia de esas empresas, a los trabajadores tampoco les entregan recibos de pago. “Nadie en las empresas del Estado sabe cuánto gana, lo que es una violación de las leyes laborales”, apunta Noel Hernández, abogado y representante sindical de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana, en otro tiempo un emporio de las industrias básicas al sur del país, referencia en la región. Esta mega empresa dedicada a la extracción y procesamiento de hierro, aluminio, acero, bauxita y otros minerales llegó a dar empleo directo a 56.000 personas. Hoy solo trabaja activamente el 10% de esa nómina. En otros términos: si antes usaban una flota de 220 autobuses para mover a los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco —de donde hace poco salieron los camiones de oxígeno para apoyar la crisis por la pandemia en Manaos—, hoy solo utilizan 12 vehículos. El boquete en esta plantilla es un signo de la destrucción del aparato productivo en el país, insiste Hernández. “Tenemos Doctores en aluminio, ingenieros, técnicos y obreros especializados que hoy están dedicados a la buhonería [venta informal] o vendiendo sus televisores y equipos de la casa para sobrevivir. A diario un trabajador de la CVG se va del país. Muchos piden vacaciones y no regresan más”.

Caída abrupta de la ocupación
La consultora Anova realizó recientemente, a partir de los datos de la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida —realizada por tres universidades venezolanas—, un análisis del mercado laboral que muestra que el país tiene la tasa de actividad más baja de la región. Solo el 59,2% de población económicamente activa está empleada. A Venezuela le siguen México y Argentina en este rango. El propio Maduro reconoció a principios de mes que el trabajo formal ronda el 56%. En el caso de las mujeres la brecha se ha acentuado con una caída de 10 puntos en dos décadas: solo trabaja 44,6% del total de mujeres en edad de trabajar, por lo que cerca del 40% de los venezolanos está desempleado, un indicador que el Fondo Monetario Internacional proyectaba que llegaría al 47,9%, el más alto del mundo.

 

Con información de Alberto News

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