“No se hizo justicia”, familiares de exdirectivos de Citgo se pronuncian sobre condena
Los familiares de los seis exejecutivos de Citgo, filial de la petrolera estatal Pdvsa en Estados Unidos, que fueron condenados en Venezuela a penas de prisión de 8 a 13 años por acusaciones de corrupción, por parte del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro; manifestaron su decepción y tristeza por no haberse hecho justicia.
“Seguimos negando los cargos. Estamos tristes y decepcionados porque hoy no se hizo justicia“, comentó a la AFP Verónica Vadell, hija del exdirectivo representado por Loreto.
En medio de los constantes llamados de Estados Unidos a su excarcelación, el exdiplomático demócrata Bill Richardson viajó al país caribeño para abogar por los seis detenidos.
Consiguió que Cárdenas y Toledo pasaran a prisión domiciliaria a finales de julio pasado, pero los demás expetroleros siguen recluidos en El Helicoide, sede del Sebin en Caracas.
Loreto aseguró que su defendido ha vivido el tiempo en prisión con “estoicismo”, aunque “frustrado y triste por el dolor de su familia”.
La “amenaza” del covid-19
El jefe de la diplomacia de la saliente administración de Donald Trump, Mike Pompeo, consideró entonces que las condiciones de reclusión de los cuatro que permanecen en El Helicoide “cada vez son más peligrosas” debido a la pandemia de covid-19. La situación, expresó el Departamento de Estado, “amenaza sus vidas”.
Richardson se reunió con Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca desconoce en su respaldo a Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de medio centenar de países.
Ello después de que la mayoría opositora del Parlamento declarara usurpador a Maduro acusándole de haber sido reelegido fraudulentamente.
Tras reconocerlo en 2019, Washington entregó a Guaidó el control de Citgo.
El Departamento del Tesoro estadounidense emitió medidas de protección que bloquean cualquier intento de los acreedores de esta filial de PDVSA de incautar sus acciones para resarcir deudas, luego de quedar a un paso de ser confiscada por un fallo a favor de la compañía canadiense Crystallex por la estatización de una mina en Venezuela en 2011.
Con información de El Nacional
