Estos son los asesores venezolanos de Bukele

En ese equipo de asesores figuran Lester Toledo, Sara Hanna Georges y Miguel Arvelo.

Varios venezolanos forman parte del grupo de asesores de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien en las últimas horas generó controversia por destituir, con el apoyo del Congreso, a un grupo de jueces de la Corte Suprema y al fiscal general de ese país.

En ese equipo, de acuerdo con medios locales, figuran Lester Toledo, Sara Hanna Georges y Miguel Arvelo. Además de Miguel Sabal, Juan Carlos Gutiérrez y Eugenia Vegas Rodríguez.

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El medio El Salvador señaló que la Casa Presidencial mantiene como encargados de la mesa de crisis y pruebas del covid-19 a un grupo de venezolanos. Esto, según documentos a los que tuvieron acceso.

Los funcionarios estarían encargados de decidir sobre el procesamiento de pruebas de laboratorio y ordenarían no dar resultados a los pacientes. También dirigirían a funcionarios y empleados del Departamento de Laboratorio de Vigilancia de Salud Pública.

El Ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, dijo en junio del año pasado que los venezolanos encargados de la mesa de crisis por la pandemia no tienen ninguna injerencia y aseguró que no tienen poder de decisión.

Sobre los asesores venezolanos recayeron denuncias de presunta corrupción. También escándalos que involucrarían la manipulación de las cifras oficiales de la pandemia en ese país.

El medio El Salvador aseguró que la Casa Presidencial oculta información sobre el grupo de asesores. Fuentes le aseguraron que a algunos de estos venezolanos les pagan no menos de 5.000 dólares mensuales, además de garantizarles viviendas, vehículos y seguridad del Estado.

Militarización del Congreso

La periodista Patricia Poleo aseguró en junio de 2020 que la Asamblea Nacional electa en 2015 tenía previsto publicar un comunicado en rechazo a la militarización del Congreso salvadoreño en febrero de 2020.

Ese día, el presidente asistió rodeado de funcionarios armados para pedir la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas. El hecho lo catalogaron diversas organizaciones como un intento de golpe de Estado.

Con información de El Nacional

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