Política

Asdrúbal Chávez y su responsabilidad en el desmantelamiento de la flota de Pdvsa

El desmantelamiento de la flota de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) ha sido progresivo durante los últimos años. Entre 2005 y 2014, Asdrúbal Chávez se desempeñó en varios cargos directivos, clave en las irregularidades que se registraron para el momento, revela una investigación de Alianza Rebelde Investiga (ARI) en unión con la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas.

Asdrúbal Chávez asumió como presidente encargado de Pdvsa en abril de 2020, pero desde sus posiciones anteriores fue determinante para el manejo, el mantenimiento y la compra de tanqueros propios y para el fletamento de barcos de carga de terceros, donde se llegaron a pagar millones de dólares por buques que hoy están inoperativos.

Uno de los ejemplos más notables se produjo en Transportes del Alba (Transalba), sociedad constituida entre la petrolera venezolana y una empresa del gobierno cubano. Pdvsa quedó obligada a pagarle a esa compañía por 15 años tarifas que superan los precios del mercado por el uso de dos cargueros que fueron comprados en 95% con dinero venezolano. A raíz de eso, aproximadamente 177 millones de dólares en fletes quedaron entrampados en un esquema que dejó como gran ganadora a la contraparte cubana.

Los dos tanqueros que maneja Transalba –tipo Panamax, de 490 mil barriles de capacidad– son utilizados principalmente para transportar crudo a las Antillas y a países miembros de Petrocaribe, acuerdo de venta de petróleo con facilidades de crédito para Centroamérica y el Caribe creado por el difunto expresidente Hugo Chávez, quien a cambio obtuvo apoyos diplomáticos.

Auditores y funcionarios relacionados con el fletamento y gestión de buques advirtieron al menos en 2008, 2012 y 2017 sobre toda clase de irregularidades relacionadas con el manejo del negocio en Pdvsa y PDV Marina. Entre ellas mencionaron el pago de tarifas exorbitantes, el favorecimiento de contratistas, la filtración de información confidencial a proveedores de servicios, la creación de monopolios solapados, la ausencia de protocolos de procedimientos y las erogaciones sin debidos respaldos.

Otro ejemplo son los más de 130 millones de dólares que se gastaron en alquilar durante 87 meses dos barcos, el Eva Perón y el Juana Azurduy, cuya construcción debió ser concluida en 2008.

Por otra parte, en el caso del mantenimiento del Manuela Sáenz, en el mismo astillero, la reparación se prolongó en 2014 por 20 días adicionales a los acordados y ello supuso desembolsos sobrevenidos de 2,9 millones de euros.

 

Con información de El Pitazo

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