Alertan que providencia administrativa busca el cierre de los espacios democráticos
Activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que se trata de una política de Estado que busca el cierre de los espacios democráticos.
Un total de 662 organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos rechazaron y exigieron la derogación de la nueva providencia de registro por terrorismo y otros delitos en Venezuela.
Según un comunicado, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que se trata de una política de Estado que busca el cierre de los espacios democráticos, estigmatizando al sector como el “enemigo a vencer”.
De acuerdo con el texto, señalan que la providencia administrativa es rechazada categóricamente por «constituir un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales» que, resaltan, son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano.
«Critican que la pretendida normativa asocie la labor humanitaria con delitos como el terrorismo por el hecho de no estar sujeta al control de un órgano público específico, o reguladas por una ley especial».
Resaltan que esta medida “pone en riesgo la acción de miles de organizaciones que prestan un constante apoyo a los sectores más vulnerables de la población en un momento que millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.
Desde Justicia, Encuentro y Perdón hacen un llamado por la consecución de la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela. También ratifican su compromiso con las víctimas y el resguardo de sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad.
Con información de El Pitazo.
