Van 87 detenidos por motivos políticos desde el decreto de cuarentena

Venezuela cuenta con al menos 87 detenidos en lo que va de cuarentena. Esto según informe de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia «Pandemia, Represión y Persecusión»
Al menos 87 detenidos por motivos políticos desde que se decretó la cuarentena en el país el 13 de marzo. Esto según registros de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Vea también Prohibición de ingreso de alimentos sería el detonante en Masacre de Guanare
En el documento «Pandemia, Represión y Persecución: menos garantías más control», la coalición indica que desde el 13 de marzo al 30 de abril, los órganos de seguridad del Estado detuvieron a 87 personas en todo el país. Las víctimas fueron objeto de persecución en por expresar su opinión o emitir información relacionada al covid-19.
Entre los detenidos 14 son mujeres, 4 de ellas por ser familiares, y 73 hombres. En su mayoría, civiles (78), algo que la organización ve con preocupación.
Indica que el gremio más afectado es el de los periodistas, en el que se registraron 9 detenciones y le sigue el sector salud, con 8 detenciones. También hay 3 políticos detenidos, entre ellos el diputado Tony Geara en el estado Bolívar.
La persecución a los diputados a la Asamblea Nacional persiste. Al menos 13 recibieron amenazas. Estos son: María Beatriz Martínez, Karim Verá, José Antonio Mendoza, Bolivia Suarez, Armando Armas, Héctor Cordero, Alfonso Márquina; así como Carlos Michelangeli, Luis Silva, Larissa González, Luis Lippa, Joaquín Aguilar y Carlos Andrés González.
El abogado Alonso Medina Roa, indicó que en Venezuela la cuarentena por el covid-19, se ha caracterizado por la persecución política: detenciones, allanamientos y vulneración al debido proceso.
“La pandemia ha agudizado la crisis, cómo era de esperarse. El gobierno una vez más no tiene respuestas, solo control represión y persecución. Somos condenados sin ninguna garantía ni respeto a nuestros derechos”, dijo al respecto Ana Leonor Acosta, directora de la organización.
Con información de El Nacional