Siete pranes continúan ejerciendo su poder en las cárceles venezolanas, según el OVP
A pesar de los esfuerzos y declaraciones oficiales que intentan afirmar la supuesta erradicación de los pranes, esa oscura y temible figura que se alza en el sórdido panorama carcelario venezolano, estos siete de los más peligrosos y corruptos mantienen un férreo control tras las rejas de diversos centros penitenciarios en el país.
Estos verdaderos titanes de la maldad logran recaudar mensualmente una suma exorbitante que supera los 50 mil dólares. ¿Cómo lo logran? Mediante el cobro de “causas” extorsivas impuestas a la población carcelaria, una práctica infame que somete a los reclusos a la tiranía económica de estos siniestros personajes. Además, se benefician de las extorsiones y otros delitos perpetrados por delincuentes que actúan bajo sus órdenes, mientras el régimen se mantiene indiferente ante esta lamentable realidad.
Entre estos malhechores de alto calibre se encuentran Álvaro Montilla, conocido como “El Loro”, quien ostenta su liderazgo en el Internado Judicial de Trujillo. A su lado se encuentra Yunior Yagüez, alias “Pata e’ Queso”, el implacable dirigente del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocido como Puente Ayala. Otro de estos siete opresores es Pedro Manuel González Mata, también llamado “Pedro Rapidito”, el líder incuestionable en el Internado Judicial de Monagas, conocido como La Pica. Fredy Barboza Ilarraza, el temible pran del Internado Judicial de San Felipe, conocido como La Cuarta, también se encuentra en esta lista. Además, en el Internado Judicial Vista Hermosa, en el estado Bolívar, cohabitan tres líderes negativos: Wilkins Rafael Romero Maluenga, alias “Wilkins”; Giovannny Alejandro Navas Ochoa, alias “Pan”; y Edison González, alias “Chichi”.
Estos delincuentes despiadados, arrogantes y omnipotentes, se pavonean con una actitud desafiante, portando armas de guerra, rifles y AK47, en una demostración abierta de su poderío. Han gozado de lujos y festines desde su encierro, mientras el sistema penitenciario se desmorona ante su dominio incontestable. Resulta sorprendente que esta situación se perpetúe a pesar de los doce años transcurridos desde la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios, una institución que debería velar por la seguridad y el orden en las prisiones.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), como una voz de alerta en medio de la oscuridad, ha denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de un pranato mixto, una siniestra conjunción entre los opresores y los mismos reclusos que sufren bajo su yugo. Además, deben enfrentarse a funcionarios corruptos que, sin escrúpulos, se enriquecen a costa de cobrar en dólares por permitir el ingreso de alimentos, teléfonos y sustancias ilícitas, sumiendo a las cárceles en una espiral de corrupción y decadencia moral.
No podemos ignorar la falta de transparencia que rodea estos procedimientos. Después de la toma del Internado Judicial de Tocuyito, en el estado Carabobo, los portavoces del régimen se apresuraron a afirmar el éxito de la operación. Sin embargo, los testimonios recopilados por el OVP revelan una realidad mucho más sombría. Familiares desesperados, entre lágrimas y angustia, claman por un listado que les permita conocer el paradero de sus seres queridos, trasladados en el caos y la incertidumbre.
La opacidad se cierne sobre la información, pero las noticias filtradas hablan de la muerte de cinco reclusos durante la intervención en Tocuyito. Surgieron preguntas sin respuesta sobre la identidad de estos seres privados de libertad y las causas de su fallecimiento.
