Revelan que el chavismo puso en manos de privados 13 empresas de alimentos que habían sido nacionalizadas
Los funcionarios estatales describen los acuerdos como alquileres de instalaciones industriales o, a veces, como «alianzas estratégicas».
El gobierno de Venezuela está permitiendo que empresas privadas administren al menos 13 empresas de alimentos que fueron nacionalizadas hace una década, según una decena de personas familiarizadas con la situación, un esfuerzo destinado a mejorar las operaciones que sufrieron bajo la gestión estatal.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha mantenido la propiedad de empresas en dificultades que producen alimentos que van desde harina de maíz y productos lácteos hasta atún y semillas enlatados, pero ha licenciado las operaciones a terceros a cambio de un pago, según las fuentes y documentos vistos por Reuters.
Es otro ejemplo de cómo Maduro ha revertido elementos clave del modelo económico liderado por el estado de su predecesor Hugo Chávez, como parte de la liberalización económica que comenzó en 2019 en respuesta a las sanciones de Estados Unidos y un colapso económico.
Pero parece poco probable que el cambio cambie drásticamente la productividad agrícola luego de una década de subinversión y una economía hecha jirones por años de hiperinflación, economistas.
«Con la crisis económica, se está cambiando el modelo de gestión para aumentar los ingresos o reducir el gasto estatal«, dijo el economista Richard Obuchi, director de la consultora local ODH.
«El control del gobierno ha ido perdiendo su significado».
Los operadores privados deben asumir los costos de nómina y financiar inversiones, y destinar parte de su producción a programas estatales de distribución de alimentos, dijeron las fuentes.
Una de las empresas ahora bajo administración privada es Industria Venezolana Maicera Pronutricos, fabricante de harina de maíz, que fue nacionalizada hace 11 años.
Este año, sus operaciones fueron arrendadas por cinco años a una firma llamada Alimentos El Maizal por el equivalente a alrededor de $ 16,000 por mes, según una copia del acuerdo vista por Reuters.
Estos arreglos están cubiertos por una «ley anti-bloqueo» destinada a renovar la economía en respuesta a las sanciones. La ley fue aprobada en 2020 por una legislatura progubernamental paralela llamada Asamblea Nacional Constituyente, que se disolvió en diciembre.
Los funcionarios estatales describen los acuerdos como alquileres de instalaciones industriales o, a veces, como «alianzas estratégicas».
“Se crean alianzas estratégicas para que (empresas privadas) sean las que administren las (empresas estatales)”, dijo Rafael Calles, gobernador del estado agropecuario de Portuguesa, en una entrevista. «Ninguna de estas alianzas implica venta de acciones. La empresa sigue en manos del Estado».
Dijo que Portuguesa recibe alrededor de $ 60.000 por mes de empresas que operan empresas nacionalizadas, agregando que los fondos pagan la compra de bombas de agua y transformadores eléctricos.
El Ministerio de Información, el Ministerio de Agricultura, Pronutricos y Alimentos El Maizal no respondieron a las solicitudes de comentarios.
TERCERIZACIÓN FALLIDA
Chávez en 2007 inició una ola de nacionalizaciones que puso a cientos de empresas bajo control estatal en sectores descritos como «estratégicos», que iban desde operaciones de la industria petrolera hasta empresas agrícolas y empresas procesadoras de alimentos.
Esas empresas sufrieron una corrupción desenfrenada, así como controles de precios que minimizaban los ingresos, dejándolos a menudo dependientes de la financiación del gobierno.
El esquema de subcontratación no siempre ha funcionado.
Agropatria, que vende semillas e insumos agrícolas, ha puesto oficinas en dos estados bajo administración privada, según dos fuentes, quienes dijeron que la empresa aún tiene dificultades para entregar los productos que necesitan los agricultores.
Cuatro ingenios azucareros ubicados en el corazón agrícola – parte de un grupo de 10 nacionalizados en la era de Chávez – permanecen inactivos a pesar de haber tenido operaciones subcontratadas a empresas privadas.
Uno de ellos es el molino Pio Tamayo, que está bajo la administración de una firma llamada Consorcio Veinca desde el primer trimestre de 2021.
Sus trabajadores se quejan de operaciones paralizadas y pago tardío de salarios.
«Iban a invertir en las instalaciones y en materias primas, lo que no ha sucedido», dijo el empleado Noel Quetel en una entrevista.
Consorcio Veinca no respondió a las solicitudes de comentarios.
Con información de Maduradas.
