Políticas de seguridad durante los últimos 21 años han sido un fracaso, aseguran expertos
Expertos consultados por el medio La Prensa de Lara, aseguran que las políticas de seguridad de los últimos 21 años en el país han sido un fracaso y por el contrario, fortalecen a las bandas criminales y han servido para cometer presuntos ajusticiamientos en los llamados enfrentamientos.
La meta de frenar los índices delictivos sólo queda plasmado en papeles, esto según expertos en seguridad ciudadana y criminólogos, quienes concuerdan que todos han fracasado. Recordaron el recién informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde destacan que los cuerpos policiales han cometido presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Entre los planes de seguridad implementados destacan el Plan Patria Segura creado en diciembre de 2013 y relanzado en 2017, mientras que en 2015 hubo un decreto presidencial que establece las funciones del «Sistema de Protección de la Paz», también hubo reformas a la Ley Orgánica de la DGCIM y para ese mismo año, pero en 2015 se realizó la ejecución de la primera Operación de Liberación Popular (OLP), integrada por comisiones mixtas de seguridad e iban por el «Coqui», delincuente de la Cota 905 en Caracas, cuya banda sigue operando en la misma zona bajo la mirada de los funcionarios policiales.
Freddy Valera, presidente de la comisión permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, aseguró que en Venezuela no existen planes de seguridad eficaces sino que son «un discurso político del ministro de turno». Explicó que el Gobierno bajo esa figura se ha centrado en «abatir» a presuntos delincuentes que se encuentran en un escalafón más bajo que otros líderes de bandas como el «Coqui» de la Cota 905 en Caracas, el Tren de Aragua, Los «Meleán» en el Zulia o «Santanita» en Lara.
Varela acotó que al hacer una radiografía de Venezuela permite estar al tanto de qué es lo que está pasando en el país y cuáles son las medidas de seguridad que existen. «Aquí la delincuencia es quien tiene organizado al país», sostuvo.
«El gobierno ha optado por convivir con la delincuencia para no enfrentarlos. Ellos prefieren ir por políticos y por quienes piensan distinto. A esos son los que persiguen, meten presos, torturan y desaparecen. En cambio a los que son el grueso de estos movimientos delincuenciales viven en tranquilidad y armonía», dijo.
Desenmascarados
Según el informe de la ONU publicado en septiembre de 2020, desde el año 2014, el Gobierno ha hecho alrededor de 27 cambios en el marco de seguridad, donde destacaron que se aprobaron leyes, planes y políticas a través de órdenes ejecutivas y que, según la Misión de Determinación de Los Hechos de la organización, han pasado por alto el proceso legislativo.
Los cambios aumentaron la participación militar en tareas de seguridad ciudadana y permitieron a las fuerzas de seguridad del Estado coordinar con los ciudadanos privados el mantenimiento del orden público.
El informe destacan que desde el año 2014 hasta 2019 se registraron 2530 muertes, víctimas de los cuerpos de seguridad a nivel nacional, esto fuera del contexto de la OLP.
La OLP en Lara realizó varios operativos, siendo uno de los primeros en La Sábila y Cabudare. En ese contexto el 1,58 por ciento de personas murieron en manos de los uniformados, según informe publicado por Provea.
Tras dos años de su creación fue disuelta, pero dejó a un país manchado de sangre y varias familias enlutadas. De acuerdo con las cifras del Ministerio Público durante la gestión de Luisa Ortega Díaz en su informe de 2017, 505 personas fueron asesinadas por funcionarios, por lo cual se iniciaron 357 investigaciones por homicidios, y se investigaban 1.074 funcionarios.
Buscan intimidar
Adriana Pichardo, diputada de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Política Interior y de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que los relanzamientos de los planes de seguridad, el gobierno de Nicolás Maduro pretende intimidar a las personas mandando a muchos uniformados a las calles.
«Con el plan Patria Segura, buscan intimidación para que nadie tome las calles, evitar las protestas y así tener sitiado al pueblo», comentó Pichardo, en una entrevista con LA PRENSA.
Además la diputada destacó que es alarmante el uso de las fuerza que han utilizado los cuerpos de seguridad, donde han registrado casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos.
Desde 2015, mismo año en el que se creó la OLP, en Lara murieron 1049 personas en manos de los cuerpos de seguridad, siendo los años 2018 y 2019 los más letales.
Están en «paz»
Tanto criminólogos como diputados concuerdan que las «Zonas de Paz» sólo ha traído más «fuerza» para las bandas delictivas, quienes pican adelante al gobierno con arsenales de armas de fuego.
Luis Izquiel, criminólogo, destacó que en 2015 la primera ejecución de la OLP fue para la Cota 905, pues el objetivo de los funcionarios era dar con Carlos Luis Revette, alias el «Coqui» y luego de cinco años, este tipo que es buscado por múltiples secuestros y homicidios, sigue viviendo en la comunidad, señalada como una «Zona de Paz».
Es el «Coqui» quien manda en la zona y es quien permite el ingreso de personas.
«Hay funcionarios que con actuaciones criminales, por ejemplo las FAES, su objetivo no es combatir el crimen organizado, sino que buscan combatir a la oposición y a quienes disienten del Gobierno», aseveró Guillermo Palacios, diputado ante la Asamblea Nacional.
Palacios detalló que durante los 21 años el gobierno Chavista-Madurista ha implementado más de 15 planes de seguridad, pero que no han logrado bajar los índices delictivos porque «ellos (Gobierno) forman parte de la delincuencia», dijo.
El diputado acotó que en Venezuela ha aumentado la delincuencia y el narcotráfico, a su vez aseguró que esto no ha sido frenado, pues a su juicio está comprobado que «han conformado bandas y trafican sustancias estupefacientes».
«Mientras que en los cuerpos de seguridad hayan funcionarios que integren bandas delictivas nada cambiará. Cometen hasta secuestro», dijo Palacios.
Acotó que el Gobierno «opera de la mano» con los colectivos armados en los momentos de protestas para «reprimir».
Dieciséis ministros con planes fallidos
En 21 años por el Ministerio de Interior y Justicia han pasado 16 ministros y han creado muchos planes de seguridad, pero pocos son los que tienen un mejor diseño que se ajuste a los índices delictivos, es la aseveración de Luis Izquiel, criminólogo.
«Hay planes de seguridad que han tenido cosas positivas, pero no han seguido recomendaciones y han fracasado. Por ejemplo la reforma de la ley de desarme en 2009 no sirvió, porque hay delincuentes mejores armados que los policías», aseguró Izquiel.
Las FAES siguen el patrón de la OLP
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) iniciaron a finales de 2016, en Miranda, Táchira y Aragua, pero en el segundo semestre de 2018 se expandieron en los estados Zulia; Falcón y Lara, bajo su esquema de «los altos índices delictivos que ocurren en la región occidental». Esto ocurre luego que la OLP le diera paso a las FAES.
Con información de Alberto News
