Persecución política se agudiza en medio de la pandemia
La persecución política y el libre ejercicio de lo derechos civiles y políticos se ha criminalizado según CEPAZ.
La persecución política, según el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), se agudizó notoriamente contra líderes de la democracia en Venezuela, para intimidar y ejercer control total. El régimen de Nicolás Maduro declaró el estado de alarma nacional debido a la pandemia y lo está utilizando como excusa para vulnerar los derechos fundamentales de los venezolanos.
Mas allá de brindar atención sanitaria y darle prioridad a la crisis que vive el país el gobierno de Nicolás Maduro se concentra en otros hechos.
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El libre ejercicio de los derechos civiles y políticos está criminalizado y esto incrementa la persecución. El régimen ahora también vulnera derechos como el debido proceso, la participación política, el respeto a la integridad física, la libertad de opinión y manifestación, entre otros.
Esta situación se demuestra en la violencia mediática que se transmite a través del uso de medios de comunicación para el hostigamiento y amenazas. Además del consentimiento del régimen de la creación de grupos irregulares para ejercer actos violentos en contra de la disidencia.
Persecución política y las victimas de intimidación
Diosdado Cabello, a través de su programa Con el mazo dando, anunció el plan furia bolivariana y amenazó a la oposición con ir en contra de ellos. A partir del domingo 29 de marzo al menos 13 parlamentarios y más de 20 dirigentes opositores fueron víctimas de intimidación a través de pintas en las fachadas de sus residencias con amenazas e improperios.
Al respecto, el comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, afirmó: “Estamos viendo una situación como en el tiempo de los nazis que rayaban las casas y los tildaban por determinada situación”.
Desde el inicio de la cuarentena (16 de marzo de 2020) se realizó la detención, al menos, de 33 presos políticos nuevos.
Detenciones y agresiones
Cepaz reseñó que en una semana al menos a cinco personas del entorno de trabajo del presidente encargado, Juan Guaidó, detuvieron sin órdenes judiciales. Asimismo, el 29 de marzo arrestaron a Víctor Silo y a Rómulo García. Acusados de tener armamento y marihuana en su vehículo.
El 30 de marzo apresaron a Andrea Bianchi, novia de Rafael Rico quien, a pesar de liberarla en el mismo día, denunció que fue agredida y amenazada de violación. El 2 de abril detuvieron a Demóstenes Quijada y Maury Carrero, por terrorismo, asociación para delinquir, ocultamiento de armas y explosivos.
Es importante destacar que la privación de libertad se dan sin órdenes judiciales. En algunos casos bajo la excusa de un operativo de chequeo por casos sospechosos de coronavirus en la zona.
Persecución a la sociedad civil
Las personas acusadas de no cumplir con el aislamiento social obligatorio o el cuidado y protección sanitaria son detenidas de forma arbitraria sin aplicación correcta de la ley. Se les aplican castigos ejemplarizantes que hacen públicos y que atentan contra la dignidad humana, lo que hace temer que el control social se agudice.
También criminalizaron la defensa de los derechos, la transmisión de información y hasta el cuidado de la atención sanitaria. Atacaron directamente los defensores de derechos humanos y organizaciones, así como médicos y periodistas.
“Denunciamos y alertamos la agudización de los patrones de persecución política en contra de la disidencia venezolana. La apertura de procedimientos judiciales y detenciones arbitrarias, el uso de medios de comunicación para el hostigamiento y amenazas. Además el consentimiento por parte del régimen del uso de grupos irregulares para actos de violencia en contra de los líderes políticos de oposición. Así como la destitución de cargos, la persecución a familiares, entre otros”, indicó Cepaz en una nota de prensa.
Por último, la organización exige el respeto al ejercicio de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos humanos de los venezolanos.
