Gobierno de Maduro implementará nuevas normas que atentan contra las ONG
El pasado miércoles, Sudeban congeló todas las cuentas bancarias de la ONG Alimenta La Solidaridad y Caracas Mi Convive.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó normativas que favorecen la persecución de organizaciones no gubernamentales (ONG). Así pues, el régimen de Nicolás Maduro cuenta con autorización para, por ejemplo, hacer visitas judiciales a estos entes independientes.
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Un reportaje de Voz de América (VOA) citó las advertencias de expertos en ciencias jurídicas y derechos humanos. En tal sentido, la asociación Acceso a la Justicia denunció esta semana dos resoluciones que atentan en contra de la libertad de acción, operaciones y financiamiento de las ONG.
Los especialistas, en primera instancia, señalan la normativa aprobada a finales de octubre que exigen una “certificación” a las ONG constituidas en el exterior. Es decir, deben pasar por una inscripción ante el recientemente creado “Registro Especial”, para que les otorguen un permiso con un solo año de vigencia.
“Vigilar y prevenir el fomento y desarrollo de cualquier actividad que resulte en delincuencia organizada, el terrorismo y su financiamiento, tráfico ilícito de drogas y otras actividades ilícitas”, es el principal objetivo, según la legislación.
Asimismo, puntualizan una resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban). De esta forma, la agencia cuenta con la autorización de fiscalización de fondos y cuentas de las ONG bajo sospecha de crímenes como terrorismo, delincuencia organizada, trafico de drogas y otros delitos.
ONG Caracas Mi Convive, un objetivo más
El pasado miércoles, Sudeban congeló todas las cuentas bancarias de Alimenta La Solidaridad y Caracas Mi Convive. Estas dos ONG benefician a 25.000 niños y familias en riesgo de seguridad alimentaria, por lo que cuenta con 239 comedores en Caracas y 13 de los 23 estado de Venezuela.
Así pues, una de las recientes resoluciones de la cuestionada ANC permitió el congelamiento de los recursos de las ONG. En ese orden de ideas, Laura Louza Scognamiglio, directora de Acceso a la Justicia, afirmó que las medidas permiten el amedrentamiento de las organizaciones.
“Todo entra en la narrativa oficial de que hay que limitar y fiscalizar los recursos de las ONG. Esas resoluciones permiten esas ‘visitas’ policiales, que son allanamientos disfrazados, bajo la excusa de que deben fiscalizar”, reprochó la vocera.
Igualmente, Acceso a la Justicia indicó que el régimen ordenó a las fuerzas de seguridad acudir a los edificios de las ONG. Además, se dificulta con el registro de la asociación y se bloquean cuentas de redes sociales, acciones que, en conclusión, impiden la labor de las organizaciones.
Con información de Caraota Digital
