Estados Unidos le pone la lupa a las condiciones de las cárceles de El Salvador
Un informe de Estados Unidos señal que ha habido “numerosos reportes” a mano de las fuerzas del orden de El Salvador desde que se impulsó el estado de excepción.
Señala el documento que “más de 52.000 personas fueron arrestadas durante los primeros seis meses del estado de excepción”, lo que ha derivado en denuncias de “condiciones sanitarias inadecuadas, escasez de comida y ataques físicos” entre los detenidos.
Un documento señala que “la mayor parte de los casos investigados por la Fiscalía fueron contra funcionarios de gobiernos anteriores, a pesar de las denuncias contra los actuales”.
El reciente traslado a una prisión salvadoreña de 2.000 supuestos pandilleros sin camiseta y esposados, fue criticado por defensores de Derechos Humanos por “la falta de humanidad”.
Una organización de defensa de derechos humanos denunció ante la CIDH al Estado salvadoreño por “la violación sistemática” de derechos de 66 personas detenidas.
La denuncia fue presentada ante la CIDH el 7 de marzo por la organización Cristosal en representación de 66 personas, pertenecientes a “comunidades organizadas del Bajo Lempa”.
¿Corrupción en las cárceles?
Sandra pudo ver a su hermano después varias semanas sin saber de él. La segunda semana de marzo, la mujer logró entrar al Centro Penal La Esperanza, una de las cárceles más grandes de El Salvador.
Su familiar, fue detenido por la Policía salvadoreña bajo acusaciones de asociaciones ilícitas y de pertenecer a la pandilla MS13.
“No fue un juez bondadoso o un custodio descuidado los que permitieron la visita de Sandra: la mujer pagó 1,500 dólares a una red de corrupción que se ha formado en la cárcel salvadoreña”, dice Infobae.
Esto estaría ocurriendo desde que el gobierno de Nayib Bukele decretó el régimen de excepción en marzo de 2022, según denunció la mujer al medio digital argentino.
Dice la nota que Sandra entró a la cárcel luego de pagar los 1,500 dólares a un empleado de la Dirección General de Centros Penales.
El trato era que, a cambio del dinero, le permitirían una visita de dos horas. “Hasta me pude quedar más tiempo porque se olvidaron un rato de mí y no me cobraron más”.
Infobae habló con las familias de otros jóvenes presos en Mariona, con abogados defensores que conocen casos similares, y tuvo a la vista expedientes judiciales que confirman los testimonios de los presos.
El oficial habló desde el anonimato para poder revelar información que de otra forma no podría contar.
“Se intentó contactar a las autoridades salvadoreñas para conocer su versión, pero, como suele ocurrir con el gobierno de Bukele no hubo respuesta”, dice el informe periodístico.
A finales de 2016, la Corte de Cuentas de la República, que es la contraloría salvadoreña, presentó un informe sobre un examen elaborado a las cuentas de la Alcaldía Municipal de San Salvador de Nayib Bukele.
Los principales hallazgos son que la gerente de comunicaciones, la tesorera municipal y el director de administración de la alcaldía, los tres cercanos a Bukele, habrían entregado contratos sin seguir las reglas de competencia establecidas en la ley.
Lo que señala la acusación, es que habían entregado pagos por obras y servicios no prestados y que no llevaban un control adecuado de los ingresos municipales ni de la deuda de la alcaldía.
La contraloría hizo reparos al manejo de 977,717.55 dólares en el primer año de gestión de Bukele.
Mientras que los otros 202,260.85 dólares corresponden a “contratos mal administrados o adjudicados de forma irregular y a pagos a contratistas por servicios no prestados”.
