Detenidos de la PNB de Boleita sufren extorsiones, hacinamiento y abandono
Familiares denuncian extorsiones, hacinamiento y abandono de los detenidos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, sede ubicada en Caracas, conocida como “Zona 7”, reveló el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
En este recinto policial hay una celda conocida como “El Tigrito”, un espacio de 4×6 metros donde hasta hace un mes sobrevivían 15 presos, aunque los estándares internacionales indican que cada celda de 4×4 metros debe albergar a una sola persona.
Los reos encerrados en este lugar por lo general están castigados o simplemente no tienen dinero para pagar la presunta “causa”, que en este caso no la cobran los pranes, sino los funcionarios policiales para trasladarlos a una celda con mejores condiciones.
En este calabozo no hay baños y mucho menos ventanas por donde entre un rayito sol. Antes era un sótano donde se aglomeraban los trastes viejos.
Según investigó el equipo del OVP, a través de testimonios de los familiares y algunas fuentes internas, en “El Tigrito” hay reclusos maltratados que deben cumplir turnos para recoger las bolsas con heces que acumulan los otros presos. Por supuesto, las enfermedades infecciosas son un peligro latente para estos privados de libertad, que tampoco tienen acceso a medicamentos o atención médica.
Cabe resaltar que anteriormente la “celda de castigo” de Zona 7 era un pasillo de 6×12 metros, pero fue cambiada al sótano cuando decidieron remodelar unas oficinas para ampliar los calabozos que no se daban abasto para la cantidad de reos hacinados en este centro de detención preventiva, donde los detenidos no deberían permanecer durante más de 48 horas.
Con dolor y, sobre todo, mucha desesperación, los familiares de estos presos aseguran que “El Tigrito” debe ser clausurado para siempre. El hedor de este sitio, donde también fluyen aguas negras como si se tratara de un río, es tan penetrante que les resulta casi imposible respirar, así como también deben tomar turnos para dormir y el resto del día están de pie aguantando calambres tan fuertes como si les estuvieran cortando las piernas.
El 5 de octubre de este año, OVP denunció junto a los familiares el cobro ilegal por “privilegios” para los reos, cuyo monto incluso aumentó desde que arrancó la cuarentena obligatoria por el COVID-19. En ese momento reseñamos que entre los privilegios por los que deben pagar los reclusos se encuentra el de poder ver la luz del día por un precio de entre 1 y 4 dólares.
“Todo depende de la capacidad que tiene la persona de palabrear al funcionario”, comentó la esposa de un recluso.
De igual manera, hace dos meses se denunció que para salir de “El Tigrito” había que pagar entre 80 y 100 dólares, y al día de hoy la situación continúa exactamente igual. Todo esto se suma a las tarifas presuntamente impuestas por los mismos policías para distribuir los insumos que llevan los familiares, tales como comida, ropa o agua potable.
“Yo vivo en otra ciudad y es muy difícil viajar todos los días para traerle comida, agua o ropa limpia, pero si no vengo mi hijo no come. A él lo tenían que trasladar pero llegó la pandemia y todo se paralizó. Nos dijeron que en unos días harán unos traslados, pero debemos pagar 50 dólares y no tengo cómo pagarles”, comentó la madre de un privado de libertad que pasó más de tres meses en “El Tigrito”.
Familiares de estos privados de libertad viven con el miedo constante de que si hablan o denuncian serán reprendidos por esto, incluso en una oportunidad se negaron a pagar por los traslados y efectivamente los dejaron castigados.
Finalmente surgen algunas interrogantes sobre ¿hasta cuándo deben sufrir estos familiares por las carencias del sistema penitenciario venezolano? y ¿cuántos presos deben morir para que el Estado tomen cartas en el asunto y acabe con tanto sufrimiento?
Con información de El Pitazo