Debate sobre el aborto legal en el país cada vez más lejos de ser un hecho
El debate sobre el aborto legal en el país, está cada vez más lejos de ser un hecho, debido a la crisis institucional derivada de la instalación de dos Asamblea Nacional y el característico retardo en los procesos judiciales.
Expertas consultadas por Efecto Cocuyo señalan que si bien las organizaciones feministas han hecho esfuerzos para poner el tema en la agenda política, se han presentado nuevas trabas institucionales que impiden llevar adelante la discusión sobre el aborto legal o, al menos, la posibilidad de flexibilizar la norma.
El 30 de diciembre de 2020, Argentina aprobó el aborto legal, seguro y gratuito en una histórica sesión parlamentaria que duró 12 horas. El proyecto sancionado da la vuelta por completo a la legislación que rige desde 1921, cuando se aprobó el vigente Código Penal y por el que solo se puede acceder al aborto si corre peligro la vida de la madre o si el embarazo fue por una violación.
Debilidad institucional
Para la psicóloga y coordinadora general de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Magdymar León, la legalización del aborto en la Argentina constituye un motivo de celebración y un avance. “Que estos debates se hayan dado en la región, lo que está significando es que el tema está saliendo de lo religioso y moral y está entrando a discutirse en el ambiente de los derechos humanos“, señaló.
Explicó que los argumentos para sustentar la medida y la jurisprudencia utilizada favorecen la flexibilización de la norma en el futuro para otros países. Sin embargo, Venezuela aún está lejos de un panorama similar al alcanzado por las activistas argentinas, a pesar de que la legislación contiene elementos que pueden favorecer.
La Constitución no concibe el derecho a la vida desde la concepción, sino el derecho a la maternidad. Otro factor es el hecho de que Venezuela es un Estado laico, es decir, que los derechos no pueden ser vulnerados con argumentos fundados en religiones.
Hasta el año 2010 se introdujeron al menos cinco propuestas de reformas al Código Penal, que solo permite el aborto en caso de que la vida de la mujer esté en peligro (Artículo 435). Uno de los proyectos, presentado por el magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, solo penaliza que se imponga el aborto. En adelante, se han hecho otras propuestas de modificaciones, pero ninguna ha tenido resultados concretos.
“¿Qué está pasando? No tenemos institucionalidad para recurrir, seguimos en la misma incertidumbre de no tener a quien acudir. Estamos en un punto crítico en el que las feministas no tenemos ni con quien ir a pelear“, comentó en relación con la crisis institucional en Venezuela.
Argumentos a considerar
La aprobación del aborto en Argentina dejó un saldo organizativo y político muy valioso en favor de los feminismos en la región a juicio de la abogada Yelena Carpio. Según explicó, durante muchos años las activistas australes crearon círculos y circuitos de docentes, personal de salud y otras profesiones a favor del aborto legal, seguro y gratuito. La formación de estas agrupaciones ayudaron a difundir información al respecto y promover el debate.
“Como sociedad tenemos la responsabilidad de debatir el tema, haciendo un esfuerzo por entender las dimensiones del problema. Las personas dicen que se trata de una vida. Son argumentos muy planos que no toman en cuenta la complejidad de lo que está ocurriendo, las muertes de mujeres“, manifestó Carpio.
La abogada feminista explicó que por cada mujer que muere a causa de un aborto clandestino, un número mayor de mujeres quedan afectadas por sus consecuencias en plena edad productiva. Además, muchas personas que deciden interrumpir sus embarazos pueden quedar a merced de “personas inescrupulosas”. También consideró que se deben tomar en cuenta las situaciones que criminaliza la legislación venezolana, que castiga el aborto “en prácticamente todas las situaciones”.
Sin respuesta
Una de las últimas acciones formales que se llevó adelante para flexibilizar la norma fue en noviembre del 2018. Varias organizaciones feministas, introdujeron una acción de nulidad de los delitos que penalizan el aborto en Venezuela. Al año siguiente, la organización En Tinta Violeta se unió a la acción iniciada por Faldas R, en la que se solicitó la nulidad de lo establecido en el Código Penal o que se establezcan excepciones cuando:
Esté en riesgo la salud de la mujer
Se determine la inviabilidad de la vida fuera del vientre materno
El embarazo sea por causa de una violación o incesto
La gestante se encuentre en estado de extrema pobreza
De acuerdo con la ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los documentos deben ser admitidos en los próximos cinco días hábiles para su posterior evaluación y discusión. Sin embargo, las activistas tienen más de dos años sin respuesta.
“Entendemos la cantidad de presiones que hay en el tema del aborto, pero consideramos que en el discurso político es una obligación asumir este tipo de responsabilidades“, apuntó la abogada.
La espera de una respuesta institucional no ha desanimado a las organizaciones feministas. Carpio aseguró que están listas para hacer el debate legal desde el punto de vista científico y con una perspectiva de derechos humanos.
Con información de Efecto Cocuyo
