Bachelet exige establecer un sistema judicial independiente e imparcial en Venezuela
Bachelet aseguró que el sistema de justicia en Venezuela no es independiente. Foto: Referencial.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exigió establecer un mecanismo para la instalación de un sistema de justicia independiente e imparcial en Venezuela, debido a que ha sido socavado contribuyendo a la impunidad y a la persistencia de las violaciones de los derechos humanos.
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El informe de la ONU fue solicitado en septiembre pasado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, al que será entregado el miércoles.
El mismo insta al régimen a que “emprenda las reformas del poder judicial anunciadas por el gobierno en enero de 2020 con el fin de garantizar su independencia, imparcialidad, transparencia, accesibilidad y eficacia”.
Falta de transparencia
Bachelet señala que la falta de independencia del sistema de justicia se debe a “la inseguridad en la titularidad de los jueces y fiscales, la falta de transparencia en el proceso de su designación, las condiciones de trabajo precarias y la interferencia política”.
El informe indica también que “las víctimas de violaciones de los derechos humanos enfrentan grandes obstáculos para acceder a la justicia, lo que redunda en su revictimización”.
La alta comisionada constata que la fiscalía “ha hecho esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos imputables a los miembros de las fuerzas de seguridad”, aunque, añade, “aún debe tomar medidas significativas para reducir los altos niveles de impunidad con respecto a la muerte de manifestantes en el contexto de las protestas y operaciones de seguridad, a las denuncias de tortura y malos tratos y a la violencia de género”.
Mecanismo independiente
Entre sus recomendaciones, insta a Venezuela a que establezca un mecanismo independiente e imparcial para nombrar jueces y fiscales a través de un proceso público transparente.
También solicita la independencia e imparcialidad de los tribunales antiterroristas y el fin del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares.
Asimismo, pide “investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la privación de la vida, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y la violencia de género en las que se involucran elementos de las fuerzas de seguridad, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”.
Por último, insta al cese “inmediato” de cualquier “intimidación, amenazas y represalias por miembros de fuerzas de seguridad en contra de familiares de las víctimas que buscan justicia”.
Con información de El Nacional
