Chavismo extorsiona a presos políticos de Apure para evitar ser trasladados a peligrosas cárceles
En el marco de las protestas electorales, no menos de 106 detenidos por causas políticas tiene el estado Apure desde el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales; casi de inmediato trasladaron a 19 a las peligrosas cárceles de Tocuyito y Tocorón. En la cifra de detenidos hay 15 mujeres. Todos han sido víctimas de un círculo corrupto de la justicia en el que participan jueces de Control, Fiscales del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y Ministerio del Servicio Penitenciario.
Una cantidad de funcionarios que son los carceleros como jueces, fiscales, defensores y esbirros, “ha demostrado una complicidad importante en todo este esquema, de sobornos, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, hacia los privados de libertad arbitrariamente durante las protestas postelectorales”, le dice a Infobae el representante de una ONG defensora de DDHH, que también es perseguida por el régimen venezolano.
Todos los detenidos son obligados a aceptar como defensora pública a Ana Karina Ramírez, pareja sentimental del subjefe del Sebin. Los casos han sido distribuidos en los tribunales de control a cargo de los jueces: María Milagros González Díaz, José Antonio Méndez Laprea y Rosmery Torres.
Entre las mujeres detenidas en Apure, está María Isabela García, es abogado pero también docente del Liceo Bolivariano “Manuel Antonio Nieves”, ubicado en la avenida Urbino Ruiz de la parroquia Elorza, municipio Rómulo Gallegos, Apure; políticamente es la Coordinadora de Educación y militante del partido Primero Justicia (PJ), pero especialmente miembro del voluntariado de Mujeres con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en Elorza.
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