El Estado español entra en el capital de Telefónica para limitar la influencia saudí
El Gobierno español defendió este miércoles que el Estado haya regresado al capital de Telefónica, alegando que busca garantizar la «estabilidad» de esta empresa «estratégica», tres meses después de la sorpresiva entrada de un grupo semipúblico saudí al gigante de las telecomunicaciones.
La adquisición por parte del Estado español del 10% de Telefónica, anunciada el martes por la noche, «refuerza de manera muy clara» al grupo español, «una empresa muy importante, estratégica para nuestro país», aseguró a periodistas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El grupo de telecomunicaciones, presente en doce países, nueve de ellos latinoamericanos, «tiene un enorme liderazgo tecnológico», prosiguió la ministra, también una de las vicepresidentas del Gobierno español de izquierda. Por eso, añadió, era importante ofrecerle «estabilidad».
La participación, valorada en 2.100 millones de euros (unos 2.300 millones de dólares), permitirá al Estado español, que abandonó Telefónica en 1997, volver a convertirse en el mayor accionista del operador telefónico, que emplea a 100.000 personas en todo el mundo, de las cuales 16.500 en España.
A principios de septiembre, de forma sorpresiva, el grupo semipúblico Saudi Telecom Company (STC) anunció la adquisición del 9,9% de Telefónica.
El Gobierno del presidente Pedro Sánchez justificó este miércoles en un comunicado su decisión, subrayando la importancia de las actividades de Telefónica para «la seguridad y la defensa» del país, así como en el ámbito de las operaciones militares en el extranjero, ya que el grupo ofrece servicios de telecomunicaciones al ejército español.
Esta decisión, prosiguió el texto, «va en línea con los países de nuestro entorno», como Alemania, que posee el 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia, que posee el 13,4% de Orange; e Italia, que decidió en agosto aumentar su participación en Telecom Italia hasta el 20%.
Momento delicado
La entrada de STC causó preocupación en el Gobierno de izquierda, que fue informado en el último momento de que se iba a realizar, al igual que el director general de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.
Madrid «velará» por que se preserve su «autonomía estratégica», había advertido el ejecutivo.
El regreso del Estado como accionista -lo cual se vehiculará a través de la oficina inversora Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- fue bien recibido en la mañana del miércoles en la Bolsa de Madrid, donde las acciones de Telefónica ganaban un 4% a las 12H45 locales (11H45 GMT).
También fue aplaudido por los sindicatos, entre ellos UGT, para quienes el anuncio del Gobierno brinda «fortalecimiento» a la compañía y elimina «las incertidumbres existentes sobre la posible venta de activos de valor de Telefónica hacia terceros actores, como ha sucedido recientemente con la venta de la red fija de Telecom Italia a un fondo de inversión».
El anuncio del Gobierno llegó en un momento delicado para Telefónica, que anunció a principios de este mes que eliminará varios miles de puestos de trabajo en España para 2026, equivalente a un tercio de su fuerza laboral en ese país, como parte de un vasto plan económico.
Esta adquisición va a permitir al Estado «situarse por delante de Saudi Telecom», pero también de los bancos españoles BBVA y CaixaBank, en el capital de la empresa, y por tanto tener peso en su dirección, estimó a la AFP Adrián Hostaled, analista en XTB.
La vuelta del Estado aporta «mayor seguridad» a la empresa, que «está bastante endeudada» y tiene que «mejorar su rentabilidad» en un contexto de férrea competencia en el mundo de las telecomunicaciones, añadió Hostaled, que dijo que por ello se explica la buena acogida que ha tenido en los mercados.
Para reducir su deuda, Telefónica ha realizado importantes ventas de activos en los últimos años, entre ellos las torres de telecomunicaciones de su filial Telxius por 7.700 millones de euros. El grupo también recortó casi 15.000 puestos gracias a planes de salida voluntaria.
Estas medidas permitieron reducir su deuda de 50.000 a 26.500 millones de euros, pero no su ratio de endeudamiento, al tiempo que la empresa ha visto derrumbarse su capitalización, que actualmente es de 21.000 millones de euros, frente a los 110.000 millones en 2008.
