Comisión legislativa de Brasil recomienda acusar a Bolsonaro por intento de “golpe de Estado”
Después de un arduo trabajo de investigación que abarcó casi cinco meses y contó con el testimonio de numerosos testigos, una comisión del Congreso de Brasil ha llegado a una conclusión alarmante: los seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro llevaron a cabo una asonada el 8 de enero en Brasilia con la intención de socavar el orden constitucional del país. En un informe contundente, los legisladores recomiendan acusar a Bolsonaro de intentar un “golpe de Estado”, así como imputarlo por otros delitos graves como la abolición violenta del Estado de Derecho, la violencia política y la asociación criminal.
El informe emitido por la comisión parlamentaria apunta directamente a Bolsonaro, quien ocupaba el cargo de presidente de la República en aquel momento, como el “artífice, ya sea intelectual o moral, de los ataques perpetrados contra las instituciones” que desencadenaron la asonada. La lectura del informe, a cargo de la senadora Eliziane Gama, tuvo lugar el martes y se espera que la votación se celebre el miércoles, donde se prevé que sea aprobado gracias a la mayoría que posee la base oficialista en la comisión. Luego, será responsabilidad de la Fiscalía General decidir si acusa o no al exmandatario de 68 años.
El informe abarca más de 1.300 páginas y revela cómo Bolsonaro se valió del aparato estatal para minar las instituciones brasileñas y perpetuar su poder de forma autoritaria. Según informes de prensa, un total de 61 personas han sido acusadas, y la mitad de ellas son militares o policías. Entre los señalados se encuentran los generales Walter Souza Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, exministros de Defensa; el almirante Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina; y Marco Antônio Freire Gomes, excomandante general del Ejército. También se menciona a Anderson Torres, exministro de Justicia y encargado de la seguridad pública del Distrito Federal de Brasilia el 8 de enero.
La invasión del palacio presidencial y los edificios del Congreso y del Supremo Tribunal Federal en Brasilia por parte de los seguidores de Bolsonaro, tan solo dos meses después de la reñida victoria electoral de Lula, sacudió los cimientos de la democracia brasileña y desencadenó una extensa investigación policial que resultó en sentencias de hasta 17 años de prisión para algunos de los implicados.
El informe de la comisión parlamentaria deja en claro que la asonada formó parte de una “tentativa premeditada de golpe de Estado” cuyo objetivo era desestabilizar el gobierno, sembrar el caos e incluso provocar una guerra civil si fuera necesario.
Estas conclusiones de la comisión parlamentaria añaden un nuevo obstáculo para Bolsonaro, quien ya está siendo investigado en el Supremo Tribunal Federal por supuestamente instigar la asonada. Además, ha sido declarado inelegible durante ocho años por difundir información falsa sobre el sistema de votación y enfrenta una investigación por posible lavado de dinero, en la que también está implicada su esposa Michelle. Durante las audiencias públicas de la comisión parlamentaria, se revelaron testimonios impactantes, como el de un hacker que afirmó haber ingresado a la sede del Ministerio de Defensa con el propósito de crear un código falso para cometer fraude en las elecciones presidenciales. Además, se escuchó el testimonio de un exedecán de Bolsonaro, quien afirmó que el expresidente se reunió con la cúpula militar para discutir detalles de una posible intervención de las fuerzas armadas con el fin de mantenerse en el poder.
El panorama político de Brasil está sumido en una profunda crisis, y las acusaciones contra Bolsonaro y sus aliados militares plantean serias interrogantes sobre el futuro de la democracia en el país.
