Perú endurece las penas por robo de teléfonos móviles con hasta 20 años de cárcel
Robo de teléfonos móviles en Perú será castigado con penas de hasta 20 años de prisión
El Gobierno peruano, consciente de la creciente preocupación por la seguridad ciudadana en el país, anuncia enmiendas al Código Penal para endurecer las penas por el robo de teléfonos móviles. Estas medidas drásticas demuestran su valiente enfrentamiento al creciente flagelo de la delincuencia y envían un mensaje claro a los infractores: sus acciones tendrán consecuencias graves y duraderas.
En esta nueva era legislativa, las enmiendas al Código Penal establecen que la pena de cárcel por el robo de un teléfono móvil se elevará a un rango de 20 a 30 años en los casos en que se utilicen explosivos o vehículos motorizados durante la perpetración del delito. Estas modificaciones, respaldadas por las facultades legislativas otorgadas al Gobierno por el Congreso en el ámbito de la seguridad ciudadana, tienen como objetivo establecer un marco legal robusto que disuada a los delincuentes y proteja a los ciudadanos.
Además de estas importantes reformas, se han introducido dos nuevos tipos penales relacionados con los teléfonos móviles. Por un lado, se penaliza la posesión ilegítima de SIM cards activados, esas pequeñas tarjetas que almacenan la clave de servicio de un usuario y le otorgan una identidad única en la red. Por otro lado, se sanciona enérgicamente la comercialización de dispositivos con el IMEI alterado, reemplazado o duplicado. El IMEI es el código que confiere una identificación exclusiva a cada aparato en el vasto mercado global de teléfonos.
Los datos alarmantes proporcionados por el prestigioso Instituto Nacional de Estadística e Informática revelan una realidad preocupante: en Perú, se roban en promedio 4.754 teléfonos móviles al día. Ante esta escalofriante estadística, el Gobierno ha declarado el estado de emergencia en cuatro distritos de la capital, Lima. Esta medida forma parte integral de su estrategia para combatir la creciente delincuencia común, la cual amenaza la paz y seguridad de la población.
Estas contundentes acciones legislativas y de seguridad ciudadana evidencian el compromiso indudable del Gobierno peruano en su incansable lucha contra el robo de teléfonos móviles. Las autoridades son plenamente conscientes de los efectos perniciosos de esta problemática que afecta a la población, y han tomado medidas firmes para proteger a los ciudadanos y garantizar su tranquilidad. La modificación del Código Penal es un paso crucial hacia la construcción de una sociedad más segura y resiliente, donde el respeto a la propiedad y la integridad de las personas sea una prioridad incuestionable.
