Nueva York implementa ley que prohíbe alquileres turísticos de corta duración
Nueva regulación en Nueva York prohíbe los apartamentos turísticos de corta duración
La administración de la ciudad tiene como objetivo poner fin a una práctica que considera “ilegal” y que genera problemas de ruido, basura y seguridad tanto para los visitantes como para los residentes permanentes. La Oficina de Aplicación Especial de la legislación, responsable de hacer cumplir esta ordenanza aprobada en enero de 2022, ha argumentado que muchos edificios residenciales carecen de un personal de seguridad adecuado para lidiar con los viajeros.
Airbnb y otras plataformas similares no han tardado en expresar su descontento ante esta nueva ley. Theo Yedinsky, director de política global de Airbnb, sostiene que la ciudad está enviando un mensaje claro a millones de posibles visitantes, indicándoles que tendrán menos opciones de alojamiento en Nueva York y que no son bienvenidos.
La escasa disponibilidad de alojamientos en plataformas populares como Airbnb y VRBO ha dejado perplejos a aquellos que han intentado reservar un apartamento para unas breves vacaciones en Nueva York en las últimas semanas. La causa de este fenómeno reside en una nueva ley local que prohíbe el alquiler de apartamentos por períodos inferiores a un mes, excluyendo así a una extensa cantidad de los 36,000 apartamentos turísticos que se encontraban disponibles en la ciudad.
De acuerdo con esta legislación, solo se permite el alquiler de habitaciones si el propietario reside en el apartamento y permanece presente durante la estancia de los visitantes. Además, se establece un límite de dos personas por vez y se prohíbe el cierre con llave de las puertas de las habitaciones.
Los anfitriones deben cumplir con estas regulaciones, inscribiéndose en el ayuntamiento y abonando una tarifa de $145 cada dos años. No obstante, los permisos se conceden de manera restrictiva. De las más de 3,800 solicitudes registradas hasta la fecha, únicamente se ha aprobado un número inferior a 300. Aquellos que no cumplan con la ley podrían enfrentar multas que oscilan entre $1,000 y $7,500, aunque los usuarios de estas plataformas no se verán afectados directamente.
Si bien uno de los objetivos de esta nueva disposición es poner a disposición del mercado una gran cantidad de apartamentos turísticos y aliviar la crónica escasez de viviendas en la ciudad, donde los alquileres mensuales promedian alrededor de $5,000, muchos consideran que esta medida generará una crisis aún más grave de la que pretende solucionar.
La organización RHOAR, que representa a pequeños propietarios con un máximo de dos viviendas, advierte que la eliminación de los alquileres de corta duración amenazará la capacidad de los propietarios para hacer frente a sus hipotecas y posiblemente desencadenará una crisis adicional en el mercado inmobiliario.
Esta nueva ley podría elevar los precios de los hoteles y dificultar el acceso a aquellos que tienen menos recursos económicos. Esto afectaría especialmente a los jóvenes visitantes que no pueden permitirse pagar $400 por noche en un hotel o costear sus comidas en restaurantes. Algunos críticos consideran que la ciudad está cometiendo un grave error al perjudicar su propia economía al eliminar la competencia en el sector del alojamiento compartido.
Aunque Nueva York se suma a ciudades como San Francisco, que limita estos alquileres a un máximo de 90 días al año, en la regulación de este sector, algunos expertos creen que esta nueva normativa carece de justificación económica y no resolverá el problema de la escasez de viviendas a largo plazo en la ciudad. Además, afectará negativamente a la economía turística y a miles de neoyorquinos y pequeñas empresas que dependen del turismo y el alquiler compartido para subsistir.
