Corte Penal Internacional rechazó impugnación de la administración de Maduro
La CPI evaluó las presentaciones que envió la administración de Maduro y desestimó el recurso de control judicial que formuló Venezuela.
La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la impugnación que realizó la administración de Nicolás Maduro sobre la investigación que lleva adelante la Fiscalía de La Haya por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La resolución de la Fiscalía se conocerá el próximo 21 de julio, cuando vence el plazo que tiene Venezuela para presentar sus alegatos y se avanzará en la acusación formal.
Según un documento al que tuvo acceso Infobae, la CPI evaluó las presentaciones que envió la administración de Maduro y desestimó el recurso de control judicial que formuló Venezuela, por ser abiertamente prematuro e improcedente.
“La Cámara rechazó que el artículo 21.3 del Estatuto pudiera servir de base jurídica para la reparación solicitada. La Sala indicó que el marco jurídico del Tribunal prevé una oportunidad procesal para presentar el tipo de impugnaciones que estaba siendo presentada por Venezuela y, por lo tanto, no existe ninguna ‘laguna’ en el derecho aplicable”, indicaron.
Además, señalaron que “la disposición pertinente es el artículo 18 del Estatuto, aunque para que esta disposición esté disponible, el Fiscal debe determinar que existe una base razonable para proceder con una investigación. Debido a que esa determinación aún no había sido anunciada, la Sala concluyó que la solicitud de Venezuela era prematura y la rechazó in limine”.
En el mes de junio, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda aseguró que tuvo la intención de pedir la apertura de una investigación formal sobre los presuntos crímenes cometidos por el chavismo en Venezuela, pero que se le impidió realizarla luego de una intervención de la administración Maduro pidiendo a los jueces que se encargaran del caso.
A Bensouda la sustituyó el nuevo fiscal Karim Khan, quien ahora tiene la responsabilidad de decidir si se solicita la apertura de juicio.
Las investigaciones comenzaron en 2018, con un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de las fuerzas de seguridad. En el último informe hecho público, mencionaron posibles delitos de tortura, violencia sexual, persecuciones políticas y asesinato.
Con información de Caraota Digital.
