España respaldó el nuevo informe de DDHH de Bachelet sobre Venezuela
Bachelet solicitó nuevamente este jueves investigaciones sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales que se están realizando en Venezuela.
Este jueves 11 de marzo, el Gobierno de España dio su respaldo a la nueva actualización del informe sobre Venezuela de la alta comisionada para los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet.
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“España manifiesta su respaldo a la labor, en todas sus vertientes, desarrollada Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y exhortamos a que en el país se celebren cuanto antes elecciones presidenciales y legislativas que sean transparentes, justas y democráticas”, declaró la representación del país europeo en la mencionada instancia multilateral.
«Nos preocupan las denuncias de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y torturas que no han sido investigadas y carecen de responsable», agregaron.
ACTUALIZACIÓN DE SUS DENUNCIAS
Bachelet solicitó nuevamente este jueves investigaciones sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales que se están realizando en el país, por parte de los organismos de seguridad controlados por Maduro.
«Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica», exhortó Bachelet.
También manifestó su temor por las organizaciones no gubernamentales y sus activistas ante el incremento de la persecución y represión por parte del chavismo.
«Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONG, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos», sostuvo la expresidenta chilena, quien igualmente abogó por la libertad de expresión y los dirigentes políticos opositores.
«Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico. Desde septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares», continuó.
Con información de Maduradas.
