Advierten sobre intención de radicalizar persecución en el país
La coordinadora general de la organización de DD.HH Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, advirtió que “hay una intención de radicalizar la persecución, que ya no es necesariamente persecución política”.
“Es contra los medios de comunicación social y las organizaciones de DD.HH cuyo rol principal no es hacer política, y la pretensión es silenciar”, expresó.
Afirma que el 2020 estuvo marcado por la persecución del gobierno e instituciones del Estado contra los partidos políticos y ahora contra todo aquel que emita información, denuncie, documente y divulgue ante la comunidad internacional o que busque justicia a través de organismos internacionales.
«El 2020 fue de aniquilamiento de los partidos políticos. Se cerraron los partidos más importantes de oposición porque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) judicializó sus directivas y se las entregó a personas que resultaron aliadas del régimen. Cumplieron el objetivo de desmantelar a las organizaciones políticas. ¿Qué pretenden ahora?, quitar las únicas piedritas que les queda en el zapato, por eso buscan silenciar a organizaciones de DD.HH y a medios de comunicación independiente», puntualizó Tineo. Recordó que desde 2019 las víctimas de violaciones, torturas, persecución junto a las ONG’s, han sido actores claves para que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet y la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de DD.HH de la ONU, tengan conocimiento de las atrocidades que se comenten en el país y de quienes son los responsables de las cadenas de mando de ejecutar la tortura.
«En 2021 el gobierno va a poner todo el esfuerzo de intentar reactivar la economía a través de la Asamblea Nacional que domina, una hipótesis es que va a generar espacios de negociación entre los empresarios del país para ese objetivo, pero eso va a ser un proceso progresivo y lento porque el gobierno no puede por si mismo mejorar la situación de los venezolanos. La crisis va a continuar impulsando a la población a la migración forzada, la estrategia del gobierno es que no se sepa lo que ocurre, intentar callar a los mensajeros que son los periodistas y ONG’s del país», indicó Rafael Uzcátegui, director general de Provea. Destacó entre los casos el cierre a dos medios de comunicación registrada el 8 de enero, el canal digital VPITV y Panorama por órdenes de Conatel y el Seniat.
Nelsón Freitez, coordinador de la Red De DD.HH de Lara, puntualizó que desde finales de 2020 el gobierno ha judicializado el trabajo de quienes manejan recursos internacionales para atener la ayuda humanitaria. «Han criminalizado a organizaciones civiles como Convite, dedicada a ayudar a los adultos mayores, Prepara Familia, que lucha por la defensa de los niños y adolescentes hospitalizados, Alimenta la Solidaridad que se encarga de alimentar a los niños en poblaciones vulnerables, y el 12 de enero vimos como detuvieron a cinco representantes de Azul Positivo, ONG que ayuda a pacientes con VIH en Zulia. Hacer acciones humanitarias en Venezuela no es un delito y recibir cooperación y financiamiento está establecido en los tratados internacionales», recalcó.
Con información de Alberto News
