Operación en La Vega buscaría ejercer control mediante represión para impedir protestas
Lo sucedido en La Vega, Caracas, a juicio del coordinador de investigaciones de la organización de derechos humanos Provea, Marino Alvarado, “más allá de intentar enfrentar bandas criminales, lo que busca es ejercer control sobre la comunidad mediante métodos represivo para impedirle que ejerza su derecho a reclamar”.
«Lo ocurrido en #LaVega en Caracas más allá de la masacre perpetrada por las #Faes donde extraoficialmente habrían sido asesinadas 18 personas, tiene otra perspectiva para analizar que trasciende lo relacionado a seguridad ciudadana», señaló en su publicación.
En este sentido, explicó que en el caso de esta parroquia, «se trata de una comunidad que se ha caracterizado desde la década de los 70 por ser muy organizada en todos los aspectos»
A lo dicho añade el dato sobre las protestas que, desde julio del año pasado, se venían dando en esa zona para reclamar por las fallas de los servicios públicos, las cuales eran «muy puntuales, pacíficas y, sobre todo, organizadas».
«La planificación de estas demandas se debatían mucho entre los vecinos. Participaban desde los consejos comunales hasta las escuelas, y no tenían color político, es decir, podían participar tanto adeptos al Gobierno como opositores», aseguró.
Para Alvarado, el problema reside en que este tipo de manifestaciones bien organizadas podían convertirse en un modelo para otras comunidades aquejadas por los mismos problemas. Esas críticas de las comunidades pudieran convertirse en una especie de efecto dominó.
La ejecución de un procedimiento policial de este tipo y con tal contundencia podría ser el mecanismo ideado por las fuerzas gubernamentales para detener el proceso, a juicio del vocero de Provea.
Operativo más sangriento
Alvarado también señala que este procedimiento pareciese tener «el sello de Carmen Meléndez», actual ministra de Interior y Justicia, quien durante su gestión como gobernadora de Lara estuvo detrás de operativos similares efectuados en esa región.
Alvarado recuerda que uno de las primeras OLP (Operación Liberación del Pueblo), ejecutadas en la Cota 905 culminó con saldo de 17 muertos, y otra efectuada en el estado Aragua en 2016 finalizó con 16 personas asesinadas. «El reciente, llevado a cabo en La Vega, con saldo de 19 muertos, sería el más sangriento hasta la fecha», aseveró.
Igualmente, destaca el hecho de que este suceso se presente justamente pocos días después de producirse un pronunciamiento por parte de Nicolás Maduro en cuanto a su preocupación por los abusos policiales cometidos en el país.
«También hay que esperar las reacciones de la Defensoría del Pueblo y, sobre todo, de la Fiscalía General de la República, organismo cuyo titular, Tarek William Saab, ha condenado las acciones cometidas por las Faes. Pero hasta ahora ninguno se ha pronunciado», denunció.
Pruebas
Alvarado indicó que Provea comenzó a recabar información sobre los sucesos ocurridos en la citada parroquia, aunque «hay mucho miedo todavía de parte de vecinos y familiares».
Están por corroborar las versiones sobre algunas de las víctimas, como en el caso del profesor de música Nelson Villalta, aparentemente alcanzado por un proyectil en el momento en que ingresaba a su casa. «Es probable que para esta semana próxima tengamos algún pronunciamiento sobre los hechos, junto con el de los familiares de las víctimas», prometió.
Con información de El Pitazo
