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Saime se mantiene cerrado en medio de exigencias y denuncias de venezolanos

El organismo vulnera el derecho a la identidad de los ciudadanos. Foto: Referencial.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) se mantiene cerrado a pesar del esquema de flexibilización implementado en el país, en medio de múltiples y graves denuncias de irregularidades y mafias.

Niños que en estos siete meses cumplieron nueve años, personas que extraviaron su documento primario de identificación o fueron víctimas de la delincuencia deben esperar “hasta nuevo aviso” (como indican los comunicados oficiales) para obtener su documento.

Gustavo Vizcaíno, director general del Saime, informó que en la página web se pueden tramitar pasaportes y prórrogas durante la cuarentena, pero los usuarios denuncian a través de las redes sociales que los servicios en la página no son óptimos y los trámites no avanzan.

Ante el vacío de información sobre el retorno de actividades por parte del Saime, los rumores sobre la reactivación prevista para el 2021 se esparcieron en redes sociales. El 14 de septiembre el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN) detectó una campaña con esta información calificada como falsa por parte del propio ente regulador de la identidad.

El Saime insiste en afirmar que garantiza el derecho a la identificación en sus publicaciones en redes sociales. Los reportajes publicados en medios regionales de comunicación lo desmienten y señalan que su inactividad ha dejado indocumentados a los venezolanos, como indica el título de un trabajo periodístico publicado por el diario La Prensa de Lara.

Tramitación ilegal

De acuerdo con las denuncias formuladas por usuarios en redes sociales, la cuarentena y el cierre de las oficinas del Saime ha promovido la aparición de ofertas de entregas de documentos de identidad en un lapso de 24 horas, previa cancelación de altas cifras en moneda extranjera. Los costos por una cédula de identidad oscilan entre 60 y 80 dólares.

Ante esto, el Saime ofreció canales regulares para la denuncia de estos casos que podrían llegar a tratarse de estafas.

En Venezuela el derecho a la identidad ha sido vulnerado en múltiples ocasiones durante la actual gestión gubernamental. Se trata de una consecuencia del deterioro institucional cuyos efectos comenzaron a ser evidentes desde el año 2016, tal como lo reseña un análisis publicado por la Asociación Civil Acceso a la Justicia en el año 2018. Con la pandemia se agudizó esta realidad venezolana.

 

Con información de El Diario

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