Aseguran que traslado de presos políticos no cambia investigación de CPI
«Todo esto es para decirle a la CPI que no hay presos que no estén bajo el control del órgano competente», señala Ali Daniels.
Especialistas aseguran que el traslado de los presos políticos a cárceles comunes no cambia la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI).
El gobierno de Nicolás Maduro emitió a mediados de mayo el decreto número 4.610 que ordena al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) transferir el ejercicio de custodia de los presos políticos al Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Especialistas consultados por El Pitazo consideran que es una jugada para la presentación del informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que lleva el examen preliminar por delitos de lesa humanidad.
El decreto, que apareció en la Gaceta Oficial 42.125 con fecha del 12 de mayo, pero se conoció el 18 de mayo, fija un plazo de 30 días para el traslado de los detenidos.
«Todo esto es para decirle a la CPI que no hay presos que no estén bajo el control del órgano competente», señala Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, al ser consultado sobre el porqué de esta medida.
Ellos (el Estado) están generando un marco de opinión que haga ver a que han hecho lo posible para cumplir con las exigencias que organismos de derechos humanos han hecho en materia de detenidos y de la lucha contra la impunidad y que la Fiscalía de la CPI no los está escuchando. Así que, si llega a haber una decisión contraria, ellos puedan decir que nunca obtuvieron respuesta
Andrea Santacruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, coincide con Daniels: «Pareciera que la intención es desmantelar esto para que se considere que el Estado está cooperando pero parece más propaganda y no una realidad».
Ambos recuerdan que tanto la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos señalaron específicamente al Sebin y a la Dgcim como lugares en los que se practicaban torturas, tratos crueles y detenciones arbitrarias.
Para Santacruz y Daniels este decreto es un mensaje para la oficina de Michelle Bachelet y, además, incluye a la CPI. A juicio de Daniels, estas acciones no deberían cambiar el curso de las investigaciones que lleva la Fiscalía de la CPI porque están investigando delitos de lesa humanidad.
«Ellos (el Estado) están generando un marco de opinión que haga ver a que han hecho lo posible para cumplir con las exigencias que organismos de derechos humanos han hecho en materia de detenidos y de la lucha contra la impunidad y que la Fiscalía de la CPI no los está escuchando. Así que, si llega a haber una decisión contraria, ellos puedan decir que nunca obtuvieron respuesta», explica Daniels.
Con información de El Pitazo.
